72 países penalizan el VIH, incluidos 30 en África subsahariana. El PNUD y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria en alianza con los países abogan por que la justicia ocupe el centro de la respuesta al VIH.
“Cuando la visité en prisión, ella pensaba que era culpable. Cuando le expliqué que no, rompió en llanto. No podía creerlo. No conocía sus derechos”, dice el abogado Wesley Mwafulirwa.
Wesley Mwafulirwa se encontraba en su casa de Malawi cuando leyó la noticia. El*, una joven que vive con VIH y en tratamiento antirretroviral, había sido arrestada por amamantar al hijo de otra persona. No tuvo representación legal en su juicio y fue condenada a nueve meses de prisión con trabajo forzado.
El se encontraba en un evento y acababa de terminar de amamantar a su bebé cuando una amiga le pidió ayuda.
“Me pidió si podía ayudarla a cargar a su bebé un momento”, explicó El.
Con el niño ya en brazos, advirtió que el bebé se estaba alimentando de su pecho y de inmediato lo retiró.
A pesar de ello, El fue arrestada y, por primera vez en su vida, se vio obligada a dejar su comunidad para asistir al juzgado. Se le acusó de llevar a cabo un acto negligente e imprudente, con probabilidad de propagar una enfermedad potencialmente letal.
“Me defendí como pude, les dije que no lo había hecho a propósito —explicó—. Los resultados del hospital probaron que el bebé no estaba infectado, pero se negaban a escucharme”.
Como abogado joven dedicado a la defensa de los derechos humanos, Wesley sintió que tenía que hacer algo. Comenzó a reunir pruebas periciales para probar el “riesgo infinitesimal” de que las mujeres en tratamiento antirretrovírico transmitan el VIH mediante la lactancia materna. También estaba decidido a demostrar que El no había amamantado al niño en forma intencional, y que no tenía ni el conocimiento ni la idea de que amamantar al niño hiciera probable la propagación del VIH.
“Era una mujer que no tenía los medios para contratar a un abogado que la defendiera. Yo recién regresaba de una capacitación sobre la tipificación del VIH y pensé ‘Yo puedo hacer algo’. Tomé el caso en forma gratuita”, dijo Wesley.
Junto con el Fondo Mundial, el PNUD trabaja con 10 países africanos para dar apoyo a programas de derechos humanos para el VIH y la tuberculosis. El programa busca eliminar barreras legales proporcionando documentación vinculada a violaciones de los derechos humanos, defensa, litigación estratégica y construcción de capacidad para letrados.
La capacitación que recibió Wesley fue organizada por el Centro de Litigación de África Meridional, una de las cuatro organizaciones civiles africanas que implementan el programa. El centro también creó un equipo de abogados y activistas locales para acelerar la apelación y crear un equipo de apoyo para El.
“Fue terrible —dijo El—. En especial, porque tenía a mi bebé”.
Con solo 11 meses, la bebé fue a prisión con El, y madre e hija debieron compartir raciones limitadas. El 19 de enero de 2017, después de cinco meses en prisión, la apelación de El llegó ante la Corte Suprema. Esta vez, estaba bien representada.
“Volvimos a juicio y las personas de las organizaciones explicaron todo”, dijo.
La Corte Suprema absolvió a El y ordenó su liberación inmediata.
En línea con las recomendaciones de la Comisión Global sobre VIH y Derecho, la corte encontró que no había evidencia de la intención de transmitir el VIH. Dictaminó que las pruebas científicas presentadas por la fiscalía no probaban que la lactancia materna por parte de una mujer en tratamiento antirretrovírico hiciera probable la transmisión del virus.
Asimismo, la Corte consideró la condena burdamente excesiva y declaró que encarcelar mujeres con hijos debía ser siempre el último recurso.
El caso comportó una resolución judicial emblemática, al afirmar que la función de la ley debe ser proteger a las personas que viven con VIH de “las consecuencias injustas del pánico público”.
Esto es crucial, porque el derecho y la práctica punitivos pueden socavar los esfuerzos de la salud pública para responder al VIH, restringiendo el acceso a servicios de prevención, tratamiento, cuidado y apoyo.
Desde el dictamen, El continúa trabajando con su equipo de apoyo para subsanar el trauma que experimentó y los efectos dolorosos del estigma y la discriminación por el VIH. Dos activistas locales, Clara, de la Comunidad Internacional de Mujeres que viven con VIH y Edna, de la Coalición de Mujeres que viven con VIH y SIDA en Malawi, han trabajado con el jefe de la aldea de El y su comunidad para sensibilizar sobre el VIH, lo cual condujo al establecimiento de un grupo de apoyo para personas que viven con VIH.
“La situación ha cambiado. Las personas ya no me discriminan —dijo El.”
“El VIH no significa el fin de la vida”, concluyó.
© 2026 United Nations Development Programme
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