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“Ya no aguantábamos el hambre, no teníamos casa, no teníamos cosecha ni animalitos, porque todo lo habían destruido. Estábamos desesperados y por eso mi mamá decidió entregarse al destacamento, porque se cansó. […] En vez de recibirnos de buena manera, fue allí donde nos hicieron el daño”, relata Elena de Paz, sobreviviente de violación sexual durante el conflicto armado interno en Guatemala.
Treinta y un años después de ver a su familia y comunidad destruidas, Elena finalmente decidió contar su historia. Ella es una de las 97 testigos que presentaron su declaración en el juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
“Estamos buscando justicia… Solo queremos justicia. Para quienes me puedan escuchar o ver en otros países, lo que yo espero es que no suceda lo que nos hicieron a nosotras, que lo que me pasó a mí no le pase a otras mujeres, a otras niñas”.
Los conflictos armados y la violencia pueden tener un impacto devastador en el desarrollo de un país. No solo impiden el crecimiento económico de las comunidades, sino que también crean dolor y traumas que pueden perdurar por generaciones. Estos son crímenes invisibilizados de violencia sexual, tortura y explotación que a menudo se ocultan con el objetivo de alcanzar una solución política; dejando a las víctimas y sobrevivientes - siempre los más vulnerables - lidiando solos con las consecuencias.
El conflicto armado interno dejó un saldo de más de 200.000 víctimas y más de 45.000 “desaparecidos”. Entre ellos, alrededor de 5.000 niños.
Elena fue parte de un proceso de fortalecimiento y empoderamiento acerca de sus derechos. Al romper el silencio basado en el miedo, llevó la voz de muchas mujeres que sufrieron la violencia, abriendo el camino para el acceso a la justicia a otras personas. Tras su testimonio, fue reconocida por su valentía.
Con el apoyo de PNUD, más de 16.000.000 documentos de los archivos de la ex Policía Nacional se hicieron accesibles al público y a las instituciones de la justicia por parte del Archivo Histórico de la Policía Nacional. Un Banco Genético que cumple con estándares internacionales permite la identificación de casi 2.000 víctimas para que sus restos sean devueltos a sus familiares para su dignificación, y un promedio de 20.000 familiares de víctimas han recibido anualmente apoyo legal y psicosocial en el proceso de búsqueda de los restos de sus seres queridos.
El proyecto también apoya a fiscales y jueces, ofreciendo cursos de formación en derecho internacional facilitados por expertos en la materia. Esto ayuda a la coordinación entre los fiscales, las organizaciones de la sociedad civil, los antropólogos forenses y las agencias de la ONU, como el ACNUDH y ONU Mujeres, entre otros organismos internacionales.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 busca reducir significativamente todas las formas de violencia y ayudar a las comunidades a tener acceso a la justicia con soluciones duraderas. El fortalecimiento en el seguimiento de la ley y la promoción de los derechos humanos es clave para este proceso, así como para la promoción del desarrollo sostenible.
El PNUD apoya a las instituciones estatales y la sociedad civil para ejercer plenamente el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas, y promueve medidas para asegurar que estas violaciones de los derechos humanos no vuelvan a ocurrir.
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